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Diario económico del negocio de la salud

24 Oct 202104:51

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J. F. Lasquetty (Elzaburu): “España tiene capacidad de investigación científica, falta el brazo industrial y de producción”

25 Feb 2021 — 04:56
Por A. Escobar
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El abogado y experto en contratos de patentes considera que “no se improvisa” el desarrollo de una vacuna y que son necesarias la capacidad de los laboratorios y canales de distribución adecuados.

J.F. Lasquetty (Elzaburu): “España tiene capacidad de investigación científica, falta el brazo industrial y de producción”

 

Javier Fernández-Laquetty es abogado y experto en licencias y contratos de patentes. En mitad del debate sobre liberalizar o no las patentes en el sector farmacéutico, el también experto en propiedad industrial e intelectual opina que se habla desde la “irracionalidad”, desconociendo otros mecanismos como la concesión de licencias obligatorias.

 

Pregunta: ¿Qué se tiene que hacer para garantizar un acceso equitativo a las vacunas?

Respuesta: El plan de vacunación es simplemente una cuestión de organización, es decir, hay que establecer un sistema mediante el cual una vez está en España la vacuna, exista un sistema sanitario preparado para distribuirla acorde a los criterios establecidos. Parece que es lógico vacunar primero a las personas que están más expuestas o las de mayor edad. Otra cuestión es que haya vacunas disponibles y en Europa se ha decidido que se trabaje de forma centralizada, lo que es una buena decisión.

 

P.: ¿Está funcionando realmente el mecanismo Covax, el fondo de acceso global a las vacunas?

R.: Es difícil decirlo en estos momentos. A escala europea la distribución de la vacuna está funcionando de manera racional, fuera del espacio europeo no tenemos suficiente información todavía.

 

P.: ¿El sistema actual va en contra de los países menos desarrollados?

R.: No es que vaya en contra de los países menos desarrollados, sino que estos estados a veces tienen menos capacidad de gestión de las vacunas. Por poner dos ejemplos, Seychelles y Serbia han intentado encontrar vacunas en cualquier lugar, con la rusa Sputnik, Pfizer y otros fabricantes. Otros países no han sido tan activos o carecen de recursos dentro de su administración como para poder llevar a cabo una gestión así.

 

 

 

 

 

P.: ¿Es sólo una cuestión de gestión? ¿Cómo se les puede ayudar a estos países?

R.: Una cosa es el acceso a la vacuna porque haya o no haya existencias, es decir un tema de producción. Ahora mismo esa capacidad no alcanza a la población mundial. Otra cuestión es la económica, que no haya acceso no por indisponibilidad sino porque el precio sea excesivamente alto. Existen programas de cooperación en Europa a través de los cuales se pueden suministrar vacunas a precios razonables.

 

P.: ¿Se deben suspender los derechos de propiedad intelectual y patentes para tratamientos terapéuticos o en un contexto de pandemia?

R.: En el convenio de Doha se estableció una modificación al tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por el cual los países podían en situaciones de necesidad extrema, de emergencia nacional, establecer mecanismos para acceder a los medicamentos a un precio razonable vía importaciones paralelas. La otra medida es la concesión de licencias obligatorias, un mecanismo recogido en la ley de patentes en los artículos 91 y 96 y el reglamento UE 816/2016. Al amparo de este reglamento, un fabricante de la Unión Europea puede pedir una licencia obligatoria al titular de la patente para la fabricación de ese fármaco para su exportación.

 

P.: Por tanto, ¿no es necesario recurrir a una suspensión?

R.: Cuando se produce el debate de la liberalización o expropiación de las patentes, se saca de un contexto racional. No se cuenta con las consecuencias económicas que puede conllevar porque comporta la necesidad de compensar al expropiado.

 

 

P.: ¿Quién se puede ver perjudicado si se obliga a las farmacéuticas a conceder licencias a otras compañías?

R.: La licencia comporta el pago de una compensación económica, habría que pagar un royaltie. El perjuicio es porque en el cálculo de esa cantidad, no hay acuerdo en la cantidad que la farmacéutica sometida a esa licencia esperaría recibir.

 

 

 

 

P.: ¿Si se utilizan esos mecanismos, el proceso de vacunación puede ser más eficaz?

R.: No es tan fácil, no se improvisa. Es necesario tener la formulación, la capacidad de los laboratorios y disponer de unas instalaciones adecuadas y canales de distribución. Se puede considerar si fuese una pandemia más prolongada en el tiempo.

 

P.: No se conocen todos los detalles de los contratos entre Europa y las farmacéuticas. ¿El Covid-19 puede alterar el acceso a la información pública?

R.: Existen los acuerdos de confidencialidad en los contratos y los secretos empresariales, de naturaleza científica o económica. Pero el acceso a la información pública existe y, de hecho, durante el desarrollo de las investigaciones contra la pandemia se han creado muchos grupos de trabajo.

 

P.: ¿Debería existir más transparencia?

R.: Existe. Otra cosa es que queramos saber absolutamente todo, incluso la información de los contratos que se han firmado. Pero no nos engañemos, de ser así seguramente ninguna farmacéutica firmaría ningún contrato. En un mundo real, la cooperación público-privada existe, pero se debe respetar la confidencialidad de determinados aspectos.

 

 

 

 

P.: ¿Existe la necesidad de crear una farmacéutica pública?

R.: Es un asunto estratégico. La pandemia ha sacado a la luz dos modelos en la gestión de la innovación e investigación biomédica. Por un lado está el modelo europeo occidental, en el que la mayor parte de las capacidades está en manos de las farmacéuticas, de compañías privadas. El otro modelo, más estatalizado, es el chino o ruso. Estos países han sido capaces de sacar una vacuna porque tienen la tradición de que organismos públicos o incluso el ejército desarrollen actividad en este campo. Si España quisiese girar hacia ese modelo, habría que crear mecanismos parecidos a los de estos países. España tiene una gran capacidad de investigación científica, pero falta el brazo industrial y de producción.

 

P.: ¿Es posible obligar a las personas a vacunarse?

R.: En sistemas autoritarios, la imposición de esa obligación puede estar sobre la base de la existencia de cuestiones de carácter estratégico. En un entorno democrático parece que la libertad individual no puede verse coartada por una decisión de este tipo.

 

P.: ¿Puede Galicia hacer obligatorio vacunarse?

R.: Como cualquier organismo público puede tomar una medida contraria a la ley. No quiere decir que eso prevalezca después. Hemos visto cómo medidas administrativas, el cierre de la hostelería, se han visto revocadas por autoridades judiciales.

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