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Diario económico del negocio de la salud

19 Sep 202011:30

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Manuel Lamela (Acountax): “Es razonable que la privada pida compensaciones por el Covid-19”

14 Sep 2020 — 04:58
Por A. Escobar
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El exconsejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid señala que de momento no ha obtenido “encargos formales” de denuncia.

Manuel Lamela (Acountax): “Es razonable que la privada pida compensaciones por el Covid-19”

 

Un total de 84 días después del fin del estado de alarma en España como consecuencia de la crisis del Covid-19, el sector sanitario privado continúa esperando del Estado indemnizaciones por los servicios prestados. El control por parte del Ministerio de Sanidad, la paralización de todas aquellas actividades no esenciales y el cierre de centros e incluso algunos expedientes temporales de regulación de empleo (Ertes) sufridos durante estos meses son algunos de los motivos que algunos representantes de este negocio ven suficiente como para saldar deudas. En juego hay más de 2.000 centros privados en peligro en el país, según la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe).

 

“Es razonable que la sanidad privada pida compensaciones económicas si tienes gastos adicionales y te dedicas en cuerpo y alma al Covid-19”, defiende Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid y actual presidente del despacho de abogados Acountax Madrid, en una entrevista concedida a PlantaDoce.

 

Lamela saltó a la palestra hace escasos días en un acto celebrado en la capital de España, en el que animó al sector privado a demandar indemnizaciones por los servicios prestados y por el número de pacientes atendidos por coronavirus. No obstante, Lamela asegura que su defensa y la de Acountax Madrid no sólo tiene que ver con el sector de la salud, sino también con otras industrias como la que representan los pequeños y medianos comerciantes.

 

 

 

 

 

El exconsejero de Sanidad madrileño y también letrado, con titulación en la Universidad CEU San Pablo, deja claro que hasta la fecha “no ha habido encargos formales de denuncia por parte de hospitales u otras entidades sanitarias privadas”, mientras que sí se han producido de otros sectores. Lamela comenta que lo que ha ofrecido es asesoramiento gratuito a distintos grupos, aunque por motivos de confidencialidad no han trascendido los nombres.

 

Para el abogado madrileño, la legislación está a favor de las empresas privadas que quieran interponer una demanda y reclamar compensaciones económicas. Lamela hace alusión a la ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa. También se apoya en la ley orgánica del 1984, que contempla “la obligación del Gobierno de indemnizar perjuicios patrimoniales”, recuerda Lamela. Asimismo, precisa que la ley General de Salud Pública de 2011 también contempla medidas a este respecto.

 

No hay dudas para Lamela. Durante el estado de alarma, el Gobierno asumió el mando único de la sanidad en todo el país y las comunidades actuaron como “instrumentos”. Por tanto, para el exconsejero las reclamaciones deben ir dirigidos a la Administración General del Estado.

 

Lamela fue responsable de abrir el camino por primera vez a la entrada de capital privado en el sistema sanitario madrileño, con Esperanza Aguirre al mando. En junio de 2013 un juzgado admitió a trámite una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) contra Lamela y otras ocho personas, acusados de cometer irregularidades durante la privatización de la gestión sanitaria externalizada de los hospitales Infanta Elena, Rey Juan Carlos y el Hospital de Torrejón.

 

En octubre de 2013 Lamela fue imputado por delitos de cohecho y prevaricación junto con Juan José Güemes. ​Más tarde, en noviembre de 2014, el caso fue sobreseído por entender el tribunal que “no está debidamente justificada la perpetración de los delitos” siendo la querella una “referencia muy genérica a un sinfín de hechos”.

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