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Manuel Lamela responde a la Fiscalía del TS e insiste en los derechos de la sanidad privada

Para Acountax Madrid, el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo evidencia “una valoración sesgada de los hechos y una interpretación normativa forzada y parcial en favor del Gobierno”.

PlantaDoce

15 sep 2020 - 18:58

Manuel Lamela responde a la Fiscalía del TS e insiste en los derechos de la sanidad privada

 

Manuel Lamela continúa en su defensa de los derechos de la sanidad privada a exigir reclamaciones por los servicios prestados por la crisis del Covid-19. El despacho de abogados que preside, Acountax Madrid, ha respondido este martes a la Fiscalía del Tribunal Supremo a través de un comunicado.

 

Acountax Madrid responde al informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en el que expresa que no ve delito en la gestión del Gobierno de la pandemia de coronavirus. Este documento, recuerda el despacho, pide a la Sala Segunda de lo Penal que inadmita una veintena de querellas presentadas contra miembros del Ejecutivo por delitos como prevaricación, homicidio imprudente o lesiones.

 

En concreto, Acountax Madrid destaca que ha venido advirtiendo sobre los efectos de una “precipitación” en la interposición de querellas y denuncias penales en lo relativo a la gestión de la Covid-19 sobre su dificultad probatoria (salvo en supuestos concretos) y sobre la necesidad de hacer un tratamiento individualizado de cada caso, huyendo de demandas y querellas colectivas, “como así venimos aconsejando a nuestros clientes”, destaca.

 

Sin perjuicio de lo anterior, la primera impresión sobre el escrito “exculpatorio” de la Fiscalía al Tribunal Supremo evidencia “una valoración sesgada de los hechos y una interpretación normativa forzada y parcial en favor del Gobierno”, denuncia Acountax Madrid. La entidad encabezada por el exconsejero de Sanidad de Madrid recuerda que en todo caso serán los magistrados los que finalmente valoren si el escrito de la Fiscalía es independiente o es de parte, “anticipando el papel que legalmente debería tener la Abogacía del Estado de admitirse a trámite las querellas”, concluye.