Diez hospitales privados en Galicia piden compensaciones por ser intervenidos en la pandemia

Las réplicas del primer estado de alarma siguen a la orden del día. Diez hospitales de gestión privada de Galicia han presentado un recurso contencioso-administrativo para reclamar a la Consellería de Sanidade de la Xunta que les abone los “daños y perjuicios causados por la intervención durante el primer estado de alarma”.

Los centros estiman en 13,3 millones de euros las pérdidas sufridas entre el 15 de marzo y el 21 de junio de 2020, según los datos del informe encargado por la Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal) a Kpmg. Diez de los doce hospitales que forman esta entidad solicitan, a través de este recurso, una “indemnización individualizada” y critican que el Servicio de Salud gallego (Sergas) no haya respondido a la reclamación administrativa presentada en marzo de 2021.

Estos centros privados ya demandaron entonces el abono de los daños causados por la “puesta a disposición” de sus instalaciones durante el primer estado de alarma. Durante este periodo, la administración les “obligó a estar a disposición del sistema público de salud con todos sus medios personal y técnicos al completo”, según han explicado estos hospitales en un comunicado.

Los centros gallegos argumentan que no pudieron desarrollar su actividad normal

Los demandantes consideran que la desestimación de esta reclamación por “silencio administrativo” es contraria a derecho, lo que ha motivado la interposición de este nuevo recurso judicial.

En este sentido, Ahosgal recuerda que otras comunidades como Madrid, Cataluña, Baleares, Navarra o Canarias han encontrado soluciones para esta clase de situaciones. De hecho, esta entidad apunta que el Gobierno de Murcia acordó el pasado 29 de diciembre el establecimiento de una indemnización de carácter excepcional y urgente para los hospitales privados por la “puesta a disposición” durante la pandemia.

Los diez centros gallegos añaden que durante los primeros compases de la pandemia no pudieron desarrollar su actividad normal, ya que el Sergas “les obligó a suspender, o aplazar, toda la actividad programada”.