SOS privada: el sector exige compensaciones económicas

Como cada año, PlantaDoce.com realiza en las últimas semanas de diciembre un repaso a los últimos doce meses en el negocio de la salud, marcados por el impacto de la pandemia del Covid-19. Análisis macroeconómico de España y el mundo, recorrido por los fenómenos sociales que ha provocado el coronavirus y un recorrido por el impacto en las principales empresas del sector forman el Especial 2020: el negocio de la salud en el año del Covid-19.

Especial 2020: El negocio de la 
salud en el año del Covid-19   

La crisis del Covid-19, además de sanitaria, económica y social, ha resultado ser una crisis de suministro. Por lo menos así fue durante la primera ola de la pandemia, entre marzo y junio. La escasez de equipos de protección individual (Epis), la insuficiencia de personal sanitario para hacer frente a todos los casos de coronavirus y, por ende, la saturación del sistema de salud puso en jaque al modelo sanitario público y privado. La sanidad privada se puso a trabajar rápido bajo las órdenes del Ministerio de Sanidad, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase en rueda de prensa el pasado marzo que el Ejecutivo central asumía las competencias del sector.

Ocho meses después, las reclamaciones de la sanidad privada por los servicios prestados durante la crisis no cesan y las compensaciones económicas siguen, en muchos casos, en el aire.

Cataluña fue la primera comunidad autónoma en dar respuesta al sector sanitario privado. El Gobierno regional acordó, vía decreto, compensar a las empresas por los enfermos ingresados por Covid-19. Quim Torra, entonces presidente de la Generalitat catalana, anunció a finales de abril que pagaría a la sanidad privada más de 43.000 euros por cada paciente positivo que ingresara en una UCI.

La Generalitat catalana aseguró que pagaría 43.000 euros por cada positivo en UCI en la privada

Ante la inacción por parte de otras administraciones, desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe), su presidente, Carlos Rus, denunció en noviembre que “las buenas palabras de compensar nuestra puesta a disposición y servicios prestados durante la primera ola han quedado en papel mojado”. El presidente de Aspe señaló que para no poner en peligro la subsistencia de centros médicos y personal “es imprescindible establecer un marco claro y específico de colaboración”.

Otra de las personas que salió a la palestra como defensor de los intereses de la sanidad privada fue el exconsejero de Salud en la Comunidad de Madrid con el Gobierno de Esperanza Aguirre y presidente del despacho de abogados Acountax Madrid, Manuel Lamela. El letrado y expolítico madrileño defendió que es razonable que la privada pida compensaciones económicas si tienes gastos adicionales y “te dedicas en cuerpo y alma al Covid-19”.

Para el abogado, la legislación está a favor de las empresas privadas que quieran interponer una demanda y reclamar compensaciones económicas. Lamela hace alusión a la ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.