La salud no es un arma arrojadiza

La salud es en España un derecho fundamental y una pieza clave del Estado de Bienestar del que nos hemos dotado en las últimas décadas. La Constitución de 1978 señala que el servicio de salud debe ser universal, financiado por el Estado y orientado a ofrecer calidad y seguridad en todas sus prestaciones. Y lo cierto es que España puede hacer gala de un sistema de salud que ha demostrado una alta eficiencia y calidad, garantizando además un acceso universal a sus prestaciones.

Hoy, cuando la sostenibilidad de este Estado del Bienestar debería ser un asunto de debate de primer orden, los españoles tienen un abanico amplio a la hora de elegir dónde y cómo ser atendidos médicamente. Más allá de tratamientos que no cubre la sanidad pública, miles de personas deciden libremente disponer de una doble cobertura, es decir, pagar una mutua privada para atender sus necesidades médicas.

Aquí es donde entran en escena las mutualidades, centros médicos hospitalarios y otros agentes privados. Las compañías de este sector, así como otro en cualquier economía avanzada, disponen del libre derecho de hacer de la sanidad un modelo de negocio. Hay una oferta y también una demanda; de hecho casi once millones de personas eligen de manera voluntaria disponer de un seguro complementario.

“Ideologías al margen, lo importante es que el modelo, sea como fuere, funcione y sea eficiente”

En este contexto, la colaboración público-privada, entendida a partir del legítimo ánimo de lucro de las empresas y el deber de las administraciones de hacer el mejor uso de los recursos públicos, es probablemente un buen mecanismo para que, en algunos ámbitos, la sanidad gane eficiencia y garantice su sostenibilidad a largo plazo. Que pueda serlo no quiere decir que tenga que serlo en todos los casos, ni que no se deba articular a través de criterios de control, transparencia, equidad y evaluación permanente, como en todo aquello que tenga que ver con el gasto público y la prestación de servicios fundamentales.

Es inevitable recordar en este punto la reversión del modelo Alzira en la Comunidad Valenciana. Este sistema consiste en que una empresa construye y gestiona las instalaciones sanitarias y contrata a sus profesionales, que no son empleados públicos, a cambio de un canon anual pagado por el Gobierno regional (en este caso el valenciano), mientras que los ciudadanos reciben atención de forma gratuita. Pues bien, el pasado 1 de abril de 2018 terminó el mayor y más duradero experimento de gestión privada de la sanidad pública puesto en marcha en el país.

En favor y en contra de este modelo de gestión hubo muchos dimes y diretes. El debate político, a menudo apasionado y vehemente, adolece sin embargo a veces de falta de rigor y, sobre todo, de un problema de apriorismos y dogmatismos que deberíamos retirar del discurso. Hablamos de derechos, de eficiencia y de futuro, en un debate en que debería haber más voluntad de acuerdo y menos dogmatismo ideológico.

“Lo que caracteriza a los países más avanzados es su capacidad para afrontar nuevos retos, ofreciendo soluciones más eficaces”

Mientras políticos e instituciones discuten sobre si la sanidad debe ser pública, privada o un modelo mixto, el centro de debate no gira alrededor del paciente. Ideologías al margen, lo importante es que el modelo, sea como fuere, funcione y sea eficiente.

Lo que caracteriza a los países más avanzados es su capacidad para afrontar nuevos retos, ofreciendo soluciones más eficaces. Así que, ahora que se acerca un intenso periodo electoral, permitidnos estrenar El Termómetro de PlataDoce con una petición a los partidos: dejen de utilizar la sanidad como un arma arrojadiza.