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Diario económico del negocio de la salud

25 Jun 201921:43

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2018, el año en que
se puso fin
al modelo Alzira

21 Dic 2018 — 04:55
Por A.Escobar
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El Hospital de la Ribera ha sido el primer centro público de España gestionado bajo la modalidad de concesión administrativa, construido en 1999, que el Gobierno valenciano recuperó el pasado abril.

2018, el año en que se puso fin al modelo Alzira

 

La primera concesión privada de la sanidad pública de España vuelve a la gestión pública directa. 2018 ha sido un año de cambios en el sector hospitalario español y, sin duda, la reversión del conocido como modelo Alzira es de los aspectos más destacados de los últimos doce meses en esta industria.

 

Con la constitución del nuevo Gobierno de la Generalitat Valenciana en 2015, de acuerdo con la alianza conocida como Pacto del Botánico, liderada por Ximo Puig con el acuerdo de Podemos y Compromís, la situación para Ribera Salud empezó a dar un giro totalmente opuesto.

 

El nuevo Ejecutivo autonómico, a través de la consejería de Salud valenciana, que en ese momento estaba controlada por Carmen Montón,  que después fue nombrada ministra de Sanidad, decidió no prorrogar la concesión de la asistencia sanitaria del área de Alzira una vez vencido el contrato, es decir, en el primer trimestre del año. El pasado marzo, el Gobierno de Puig envió una notificación oficial a Ribera Salud para revertir su modelo de gestión.


 

 

 

 

De esta manera, el pasado 1 de abril el centro hospitalario se integró de manera definitiva en el sistema de gestión directa de la Generalitat Valenciana. Culminó así la primera desprivatización sanitaria en España, fruto de un modelo creado por el Partido Popular de la mano de Eduardo Zaplana. La ideología política ha estado en el trasfondo del debate de la gestión hospitalaria.

 

Los opositores al modelo argumentan que este sistema de gestión genera costes adicionales para la Administración. Asimismo, sostienen que se trata de un modelo poco transparente, opaco y que la empresa privada tendrá siempre como principal fin obtener beneficios económicos y, por tanto, su política de actuación se centrará en el proveedor sanitario y no tanto a la asistencia de la población.

 

Por su parte, los defensores del sistema de concesión hospitalaria destacan como principales ventajas: un hospital público y gratuito para los ciudadanos (tanto el servicio, las instalaciones y el equipamiento son públicos, aunque la inversión sea privada), tiempos de espera más reducidos y un elevado índice de satisfacción de los pacientes. “Debe cesar el hostigamiento hacia los gestores privados en sanidad”, apuntaba Carlos Rodrigo, presidente de Sanitat Sols Una, asociación surgida en defensa del modelo de sanidad Alzira, en una entrevista a PlantaDoce.

 

Las ventajas que expone el sector privado, defensor de este modelo, están también en el aspecto financiero: al liderar las inversiones, las empresas privadas encargadas de levantar, equipar y explotar estos complejos permiten que las administraciones “no deban empeñar para ello parte de su capacidad financiera y queda liberada para otro tipo de inversiones”, argumentan.

 

 

Modelo de concesión administrativa

El modelo de concesión administrativa es un ejemplo de gestión público-privada aplicado a la sanidad, por lo cual el sector privado se hace cargo de la inversión de instalaciones hospitalarias para su posterior explotación, a cambio de una cuota a cargo de la Administración. Como particularidad, el modelo Alzira es capitativo, de manera que la Administración pacta con la empresa que se hace cargo de la gestión (o Unión Temporal de Empresas, UTE) una cantidad a pagar por cada habitante del área de salud a la que atiende el centro y por año.

 

El modelo Alzira toma su nombre de la población valenciana en la que se construyó en 1999 el primer hospital público español gestionado bajo la modalidad de concesión administrativa: el Hospital de la Ribera. El complejo estuvo promovido por la UTE Ribera Salud y supuso una inversión aproximada de 70 millones de euros.

 

En la Comunidad Valenciana, los hospitales de Elx Crevillent, Manises, Torrevieja, Denia son otros ejemplos de centros públicos con gestión privada. Madrid es otra de las comunidades que replica este modelo, con ejemplos como la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos, el Hospital de Villalba o el Infanta Elena.

 

 

 

 

 

No es la única reversión que plantea la Generalitat Valenciana. De hecho, el pasado abril, Ximo Puig anunció que el Ejecutivo abriría el proceso definitivo de negociación con la concesionaria de la gestión del Hospital de la Marina “para resolver el contrato de concesión de forma anticipada”.

 

En este caso, los representantes de los trabajadores del departamento de salud de Dénia anunciaron a mediados de diciembre una serie de movilizaciones para reclamar al Consell la reversión “urgente” del área a manos públicas. En una carta abierta suscrita por el comité de empresa, los trabajadores recordaron que la reversión de Dénia fue una promesa de Puig, para antes de que finalizase la legislatura y que aún está por cumplir a sólo seis meses de las elecciones.

 

Los trabajadores aseguran que su realidad laboral es “muy mala”, ya que sus condiciones laborales “permanecen estancadas al nivel de 2014” y tampoco ha habido aumento de plantilla y piden ser subrogados bajo la figura de personal indefinido “a extinguir” como ya se hizo con los trabajadores de Alzira.

 

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