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Diario económico del negocio de la salud

20 Sep 202023:35

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La contratación pública, a juicio: las batallas por conseguir las adjudicaciones en salud

04 Mar 2020 — 04:56
Por Juan Carlos Meneses
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Desde las ambulancias en Córdoba a la gestión del servicio informático de los centros sanitarios en Cantabria, la batalla judicial por conseguir los contratos nunca cesa.

La contratación pública, a juicio: las batallas por conseguir las adjudicaciones en salud

 

Ilegalidades, demoras, abandonos, recursos o una mala gestión. La concesión de contratos públicos en el sector sanitario, en muchas ocasiones, está rodeada de polémica. A principios de 2020, el Ministerio de Hacienda publicó un informe donde afirmaban que el 38% de los contratos públicos del sector salud no justifica su precio.

 

Esta situación, junto con algunas artimañas de las Administraciones, que a menudo son acusadas de ser poco transparentes, provocan que muchos contratos públicos acaben en los tribunales. Desde las ambulancias en Córdoba a la gestión del servicio informático de los centros sanitarios en Cantabria, la batalla legal por conseguir los contratos nunca cesa.

 

En 2018, la Unión General de Trabajadores (UGT) presentó una denuncia en los juzgados con el objetivo de paralizar la licitación del servicio de transporte sanitario terrestre en la provincia de Córdoba, que fue adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Consorcio de Transporte Sanitario Sur de Córdoba. El sindicato alertó, desde la publicación de la licitación, que el nuevo contrato “era muy perjudicial para los trabajadores y la ciudadanía por el abuso que se hace de las ambulancias localizadas para la red de transporte urgente y la falta de personal en dichos vehículos”, señaló el sindicato.

 

 

 

“Todo esto redunda en unas condiciones laborables lamentables para muchos trabajadores y unas condiciones de atención urgente a nuestros conciudadanos que no son las mejores”, añadió el sindicato. Finalmente, a finales de 2019 un juez les dio la razón y acabó rescindiendo el contrato por presentar “ilegalidades” en los vehículos y trabajadores.

 

Siguiendo con las ambulancias, en 2019 Hacienda paralizó la adjudicación del servicio de transporte sanitario en Murcia. Se trata de la segunda vez que las autoridades pararon el contrato. La primera se dio tras la apertura de los sobres de las ofertas, momento en el que se detectó que no se había presentado el listado oficial de todos los empleados que trabajan actualmente en las empresas de transporte sanitario en la comunidad y que tenían que ser subrogados por la nueva empresa adjudicataria.

 

 

 

 

Se solucionó este problema y la adjudicación siguió su curso hasta que la Administración decidió conceder el contrato de 300 millones a la UTE formada por Ambulancias DoAtlántico, Ambulancias Mar Menor y Ambulancias Sánchez, dejando en segundo lugar al grupo La Generala.

 

Las distintas empresas que participaron en el proceso denunciaron que no se les había puntuado de forma correcta, y tan sólo un mes después, en agosto de 2019, una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda suspendió el proceso. Finalmente, tras una segunda ronda de valoraciones, la ganadora de la licitación fue La Generala.

 

Sin embargo, la responsable no siempre es la Administración. A veces las propias empresas presentan ofertas reduciendo al máximo los costes para ganar el contrato y luego, no pueden ofrecer correctamente el servicio por carecer de un presupuesto suficiente. Es el caso de las ambulancias de Madrid, donde la compañía Alerta presentó una oferta por un importe tan bajo que, al ganar el contrato, no pudo asegurar siquiera el pago a los trabajadores. Finalmente, la Administración madrileña tuvo que conceder el contrato a la segunda mejor oferta, de Ferrovial.

 

 

 

 

Pero las pugnas no van sólo por transporte terrestre, a veces también llegan a los cielos. En 2017 la Xunta de Galicia lanzó el concurso público para renovar el contrato de gestión de su servicio de emergencias aéreas con helicópteros, y en febrero de 2019 se publicaba que la Administración autonómica había paralizado por cuarta vez el contrato por las pugnas entre las empresas candidatas.

 

El servicio de los helicópteros del 061 en Galicia fue prestado, hasta entonces, por la empresa Inaer, adquirida en 2017 por la multinacional Babcock. Sin embargo, en el concurso público lanzado en ese año, se presentó otro competidor, Habock, presidida por Luis Miñano, uno de los principales responsables del crecimiento de Inaer.

 

Durante la adjudicación, la Xunta descalificó a Babcock por no cumplir los requisitos establecidos en el contrato, por lo que quedó Habock como la única adjudicataria. Esta situación ha provocado que la empresa que tenía concedido el servicio interponga múltiples recursos para conservarlo. Además, mientras se resuelven, la compañía se asegura seguir controlando el contrato, ya que el Ejecutivo gallego no puede adjudicarlo a una nueva firma hasta que se solventen los recursos.  

 

 

 

Las terapias respiratorias, una polémica que empezó en Murcia y se extendió al resto del país

En 2017 el Servicio Murciano de Salud (SMS) sacó a concurso el contrato para ofrecer terapias respiratorias aplicando una drástica reducción de los precios, concretamente del 30%. Las dos empresas que habían gestionado el servicio hasta el momento, Air Liquide y Linde, decidieron no presentarse por no poder garantizar el buen funcionamiento con un presupuesto tan bajo.

 

Finalmente, el concurso quedó desierto por falta de ofertas, y el SMS volvió a llevar la licitación al Boletín Oficial de Murcia (Borm) sin renunciar al ahorro. En esta ocasión, los gigantes Acciona y Ferrovial acudieron al concurso, mientras que las anteriores adjudicatarias volvieron a ignorarlo.

 

Entonces, la Federación Española de Tecnología Sanitaria (Fenin) lanzó un comunicado alertando de que los pacientes “verán afectada su atención domiciliaria” e impugnó los pliegos ante Hacienda. Tanto pacientes como facultativos hicieron público su malestar, y la Administración respondió denunciando la situación de “monopolio” que pretendía perpetuar el sector, estableciendo precios que el organismo público consideraba abusivos.

 

 

 

 

Finalmente, Acciona ganó cuatro lotes del concurso con una oferta de 24,4 millones de euros, y Ferrovial se llevó el cuarto lote por 8,3 millones. Sin embargo, las empresas no tenían los permisos necesarios para ofrecer emergencias respiratorias, por lo que no han acabado siendo las adjudicatarias. De momento, el número dos, que era para Acciona, ha ido para la segunda mejor oferta, de la empresa Contse. La Administración murciana se ha visto obligada a prorrogar el contrato de los demás lotes, que siguen en manos de las empresas que los han controlado hasta ahora y que decidieron no presentarse a la nueva licitación.

 

No obstante, lo que más destaca de este proceso es que sus consecuencias se han notado en otras partes de España. Cataluña también trató de aplicar reducciones significativas al contrato de estas terapias y fracasó. En Madrid, Fenin impugnó también el concurso lanzado en 2012.

 

Acciona y Ferrovial están tratando de aprovechar las tensiones del sector para introducirse en el mercado, pero no han conseguido adjudicarse ningún servicio en España. Aragón y Castilla La-Mancha rechazaron sus propuestas por no cumplir con los requisitos mínimos.

 

 

 

Los servicios informáticos, un contrato que acaba con la cúpula del SCS

En julio de 2018 se denunció la paralización de un contrato valorado en ocho millones de euros para gestionar el mantenimiento y la actualización de los equipos de informática del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

 

Las empresas no tardaron en denunciar las irregularidades de la Administración autonómica. Versia, una de las compañías que competía por el contrato en una unión temporal con Telefónica, reclamó un visionado íntegro de todo el expediente, denunciando la falta de transparencia del Gobierno.

 

Pero la polémica no quedó ahí. La Administración justificó el nuevo contrato alegando que buscaba un servicio más eficiente, mientras los sindicatos les acusaron de iniciar una privatización encubierta. Entre acusaciones de poca transparencia y de tener intenciones ocultas, el gerente de Gestión Económica, y su número dos, Javier González, acabaron renunciando a sus cargos. Sus sustitutos decidieron congelar el contrato hasta aclarar las condiciones.

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