La salud en el 9J: las propuestas de los partidos para las europeas

Concluye una legislatura marcada por el mayor reto para el sistema sanitario de la Unión Europea (UE) desde su fundación: la pandemia del Covid-19. El impacto fue tal que ha zarandeado la política de la UE hasta sus cimientos y ha elevado la legislación sobre salud de una coordinación de mínimos a una legislación común con mayor ambición. Esta ambición se han concretado en la reforma de la normativa farmacéutica o la autonomía estratégica.

En la reforma de la normativa farmacéutica es donde mayores discrepancias existen entre partidos. La propuesta de reforma, que implica cambios en la directiva y el reglamento europeos, fue votada en el pleno por 495 votos a favor, 57 en contra y 45 abstenciones, y por 488 votos a favor, 67 en contra y 34 abstenciones, respectivamente. A la espera de enmiendas futuras, el texto actual prevé un recorte de los años de explotación comercial de ocho a siete años y medio, algo que ha llevado a la industria del medicamento innovador a poner el grito en el cielo.

A cambio, las farmacéuticas de este tipo que operen en la UE optarán a períodos de protección de datos adicionales de doce meses cuando su medicamento responda a una necesidad médica no satisfecha, de seis meses si se efectúan ensayos clínicos comparativos y del mismo tiempo si una parte relevante de la investigación se desarrolla en territorio comunitario y con entidades locales. Todo ello, con un límite combinado de ocho años y medio para la protección de datos. La patronal de la innovación farma cree que esto puede desincentivar inversiones.

Todos los partidos entrevistados defienden la autonomía estratégica en materia de medicamentos para la UE

El Partido Socialista Obrero Español (Psoe) defiende, en boca del eurodiputado Nicolás González Casares, la primacía de la accesibilidad a los medicamentos. Esto sitúa a la formación más cerca de la cifra de seis años propuesta por la Comisión Europea (EP) que de los nueve defendidos por la ponente de la iniciativa legislativa, la popular Pernille Weiss. Accesibilidad, porque a menos años de explotación, menos tiempo para empezar a comercializar el fármaco genérico.

Dolors Montserrat, candidata del Partido Popular (PP), evita pronunciarse sobre su preferencia en esta horquilla de entre seis y nueve años, señalando la importancia tanto de la necesidad de incentivar la innovación como de no perjudicar a la industria del medicamento genérico. Vox se expresa a través de la eurodiputada Margarita de la Pisa en términos parecidos, poniendo el foco de la crítica al proceso de desarrollo legislativo que, según ellos, ya ha desincentivado la inversión en el sector.

Podemos, con su responsable de salud, Amparo Botejara, no se pronuncia sobre este tema, defendiendo la necesidad de imponer licencias obligatorias, un tipo de licencia que permite a una autoridad estatal arrebatar una patente a una compañía y concederla a un tercer actor. Una medida a la que añade un mayor peso de la aportación pública al sector a cambio de la retirada de patentes de explotación comercial.

Todos ellos defienden la autonomía estratégica en materia de medicamentos, o lo que es lo mismo: el desarrollo de capacidades para la UE con las que disponer de los ingredientes necesarios para fabricar fármacos. A día de hoy existe una gran dependencia respecto a mercados extracomunitarios. Aunque aquí Vox matiza que la autonomía estratégica debe empezar por el ámbito nacional, garantizando capacidad de autoabastecimiento para los Estados miembro.