Amancio Ortega, o los nuevos mecenas de la sanidad

Estos últimos días hemos asistido a algunas noticias alabando y criticando las donaciones del magnate y fundador de Inditex, Amancio Ortega, a la sanidad pública española. Alrededor de 310 millones de euros es la cantidad que el empresario gallego ha destinado a equipos oncológicos de los centros de la red del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Esta intervención de la Fundación Amancio Ortega permite la puesta en marcha de 290 equipos de última generación. El programa de apoyo a la oncología pública se inició en 2015 y verá su fin en 2021. La donación incluye equipos de detección y diagnóstico (mamógrafos digitales, resonancias magnéticas, TACs) y equipos de tratamiento (aceleradores lineales o equipos de braquiterapia).

Entre los detractores de la aportación realizada por la Fundación Amancio Ortega se encuentra Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, que recientemente ha declarado que “una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios”. Más contundentes han sido las palabras de Isa Serra, dirigente de la formación morada en Madrid, quien ha manifestado que “la sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega; se debe financiar con impuestos, los mismos que esquiva y elude Inditex”.

Entre los defensores de Ortega se encuentra la federación de tecnología sanitaria española Fenin. La entidad considera “fundamental” que las administraciones públicas realicen “un plan estratégico para reducir la obsolescencia en el parque tecnológico y que adquieran un compromiso para paliar esta situación que la donación de la Fundación Amancio Ortega ha ayudado a mejorar”. Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) aplaude las donaciones. A su juicio, estas suponen “una ayuda inestimable que redunda en la calidad y seguridad en la asistencia a los ciudadanos”.

Resulta comprensible entender que en época electoral los intereses partidistas de unos y otros se entremezclen y más si hablamos de un sector como el sanitario, en el que el Gobierno invierte un 6% de su Producto Interior Bruto (PIB). Pero otra vez más, el centro de discusión no gira en pro de una colaboración entre sistema público y privado.

La Administración tiene el deber y cumplimiento de hacer el mejor uso de los recursos públicos, obviamente en sanidad también. Lo importante es que el sistema sanitario gane en eficiencia y en sostenibilidad. Más allá de este hecho, ¿se deben aceptar donaciones de inversores privados en la sanidad pública? Si redunda en una mejora asistencial, si elimina listas de espera, si hace del modelo un sistema con una mayor calidad y prestaciones tecnológicas… haríamos mal en desatender las aportaciones de los nuevos mecenas de la salud.