¿Qué es el modelo Alzira?

Domingo, 1 de abril de 2018. Es la fecha marcada en el calendario para el fin de la concesión por parte del grupo hospitalario Ribera Salud del centro Alzira y el fin de la primera experiencia de un modelo de gestión de servicios médicos inédito hasta hace dos décadas en España: el modelo de concesión administrativa. ¿Qué es, qué ventajas tiene para el sistema nacional de salud y cuáles son sus puntos oscuros?

El modelo de concesión administrativa es un ejemplo de gestión público-privada aplicado a la sanidad, por lo cual el sector privado se hace cargo de la inversión de instalaciones hospitalarias para su posterior explotación, a cambio de una cuota a cargo de la administración.

Como particularidad, el modelo Alzira es capitativo, es decir, la administración pacta con la empresa que se hace cargo de la gestión (o Unión Temporal de Empresas, UTE) una cantidad a pagar por cada habitante del área de salud a la que atiende el centro y por año, sin importar el uso que haga la persona del servicio prestado. El modelo contrapuesto es el denominado pago por procesos, donde se paga por cada actividad realizada, siendo una tasa acumulativa.

El complejo estuvo promovido por la UTE Ribera Salud y supuso una inversión de 70 millones

El modelo Alzira toma su nombre de la población valenciana en la que se construyó en 1999 el primer hospital público español gestionado bajo la modalidad de concesión administrativa: el Hospital de la Ribera. El complejo estuvo promovido por la UTE Ribera Salud y supuso una inversión de 70 millones de euros.

Ese mismo año, la Generalitat valenciana fijó una cantidad de 204 euros por habitante y año del área de salud. Sin embargo, el hospital registró pérdidas de cinco millones entre 1999 y 2002 y en 2003 Ribera Salud, la empresa concesionaria, no pudo hacer frente a la explotación del hospital. El Gobierno del Partido Popular tuvo que salir a su rescate y preparó un nuevo concurso que prolongaría a quince años el periodo de concesión, es decir, de 2003 a 2018.

Con la llegada del nuevo Gobierno de la Generalitat Valenciana en 2015, encabezado por Ximo Puig con el acuerdo de Podemos y Compromís, la situación para Ribera Salud empezaría a dar un giro totalmente opuesto. El nuevo Ejecutivo, a través de la Consejería de Salud, tomó la decisión de no prorrogar la concesión de la asistencia sanitaria del área de Alzira una vez venza el contrato actual. El pasado marzo, el Gobierno de Ximo Puig envió una notificación oficial a Ribera Salud para revertir su modelo de gestión.

De esta forma, si se cumplen los planes previstos, el próximo 1 de abril el Hospital de la Ribera pasará a ser de titularidad pública, lo que pondrá fin al primer ejemplo de un modelo de gestión que, auspiciado por el Partido Popular y la situación financiera de las administraciones durante la crisis, se ha extendido a otras regiones sanitarias de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

El Hospital de la Ribera pasará a ser de titularidad pública el próximo 1 de abril

La respuesta de Ribera Salud ante la notificación de la Generalitat no se hizo esperar y la compañía anunció que llevaría a los tribunales la decisión del departamento presidido por la consejera Carmen Montón. El principal argumento del grupo son los buenos resultados económicos que tiene este modelo de gestión sanitaria para las arcas públicas y sostiene que el modelo de gestión se presenta como una alternativa para la sostenibilidad del sistema sanitario público, tras más de dieciséis años de existencia.

Los argumentos expuestos

Ribera Salud defiende el modelo de hospital público de gestión privada y destaca las ventajas del mismo: un hospital público y gratuito para los ciudadanos (tanto el servicio, las instalaciones y el equipamiento son públicos, aunque la inversión sea privada), tiempos de espera más reducidos y un elevado índice de satisfacción de los pacientes.

Las ventajas que expone el sector privado, defensor de este modelo, están también en el aspecto financiero: al liderar las inversiones, las empresas privadas encargadas de levantar, equipar y explotar estos complejos permiten que las administraciones no deban empeñar para ello parte de su capacidad financiera y queda liberada para otro tipo de inversiones.

En el trasfondo, los argumentos del sector privado es que el ciudadano no quiere una sanidad pública o privada, sino un servicio de calidad y eficiente, que garantice el derecho a la salud sin dedicar más recursos de los necesarios. Y, por supuesto, también que el sector privado gestiona mejor que el público.

Ribera Salud destaca el elevado índice de satisfacción de los pacientes ante el modelo público-privado

Por el contrario, los opositores al modelo argumentan que este modelo de gestión genera costes adicionales para la administración. Asimismo, sostienen que se trata de un modelo poco transparente, opaco, y que la empresa privada tendrá siempre como principal fin obtener beneficios económicos y, por tanto, su política de actuación se centrará en el proveedor sanitario y no tanto a la asistencia de la población.

El componente ideológico también es clave en el debate. En este sentido, Carmen Montón ya se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre el modelo Alzira, insistiendo en que el Consell “no entiende el derecho a la asistencia sanitaria como un motivo de negocio” sin que defender lo público suponga, a su juicio, “atacar” lo privado.

Importancia de este contrato

El devenir de Ribera Salud es importante porque pone en cuestión todo un modelo de futuro para la sanidad pública en España. Tras la Comunidad Valenciana otras comunidades podrían optar por modelos públicos al 100%, si se opta por un modelo concesional o por la colaboración público-privada.

En la Comunidad Valenciana, los hospitales de Elx Crevillent, Manises, Torrevieja, Denia son otros ejemplos de centros públicos con gestión privada. Madrid es otra de las comunidades que replica este modelo, con ejemplos como la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos, el Hospital de Villalba o el Infanta Elena.