Los ingresos de la sanidad privada caen un 85% desde el decreto del estado de alarma

Centros abiertos y volcados en combatir la crisis del Covid-19, pero sin apenas facturación. La Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) ha urgido al Gobierno a buscar medidas que ayuden al sector a mantener su viabilidad en el actual contexto económico. Desde el decreto del estado de alarma, los ingresos del sector han retrocedido un promedio del 85% respecto a la situación previa.

Sin embargo, los centros sanitarios han mantenido activas sus operaciones para evitar el colapso de los hospitales públicos. “Han mantenido sus infraestructuras y equipamientos, en diverso grado según su tipología e involucración directa en la gestión de casos de contagio de coronavirus”, recuerda en un comunicado.

La entidad señala que “el mayor deterioro se ha producido en los centros sanitarios con internamiento”, mientras que el resto, clínicas y centros sin internamiento, si bien han sido considerados también esenciales, “mantienen servicios mínimos para atender urgencias y casos relevantes en términos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento”.

Toda esta información ha sido remitida al Ministerio de Sanidad, que en una carta firmada por su secretario general, Faustino Blanco, asegura que es “tarea prioritaria del Gobierno” estudiar las medidas fiscales y económicas a aplicar “entendiendo la urgencia que la falta de liquidez puede ocasionar, tanto en los balances de las empresas como en la calidad de los servicios que vienen prestando en el marco de esta situación de crisis”.

Aspe señala que la caída de ingresos del 85% convive con la mayoría de centros operativos para apoyar al sistema público

En el plan de acción que se está definiendo, se incluyen “aquellas medidas que permitan proporcionar un equilibrio entre los recursos del sector público y las necesidades de respuesta de los operadores del sector, con proporcionalidad y adecuación al amplio perfil de las empresas y sus servicios”, en clara alusión a la adaptación de los recursos requeridos de la sanidad privada en función de la evolución de la epidemia sanitaria.

Aspe, por su parte, ha solicitado la exención de impuestos durante el tiempo en que se prolongue el estado de alarma, así como la habilitación de líneas de financiación y liquidez. En este sentido, pide que el importe de los préstamos para el sector sea equivalente al 75% de su facturación agregada durante dos meses meses.

Carlos Rus, presidente de la asociación, señala que “mientras todos nuestros hospitales siguen en la asistencia a afectados por Covid-19, nuestro papel como patronal es subrayar la necesidad de articular estas medidas imprescindibles en el más corto plazo posible, por la imposibilidad de muchos centros de hacer frente a pagos corrientes durante este mes de abril”.