La UE obligará a las farmacéuticas a pagar más por la contaminación en aguas residuales

Los sectores farmacéutico y cosmético deberán hacer frente a nuevas obligaciones fiscales relativas a los microplásticos que generan y acaban en aguas residuales urbanas. Así queda establecido en el último acuerdo entre el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea (UE) para un mejor tratamiento de este tipo de aguas.

La UE impondrá nuevas tasas para que las empresas vinculadas a estas dos actividades asuman por lo menos el 80% de los costes extraordinarios de limpieza de contaminantes. El 20% restante irá a cargo de la administración pública para evitar posibles sobrecostes sobre los productos ofertados por estas compañías.

Esta nueva normativa está siendo estudiada en el Parlamento Europeo, aunque por ahora no tiene fecha exacta de implementación. Sí que son públicos los compromisos de retirar la materia orgánica del agua urbana antes de verterla en localidades de más de mil habitantes para 2035. O la eliminación del nitrógeno y el fósforo de las plantas de agua que den cobertura a más de 10.000 personas para 2045.

España ya fue condenada a pagar 11 millones de euros por el TJUE en 2018 por no garantizar sistemas de recogida de aguas en 29 aglomeraciones urbanas

Entre los objetivos de la nueva legislación está también mantener un control epidemiológico de las aguas residuales, que durante la pandemia de la Covid-19 ya se convirtieron en una de las mejores herramientas para predecir la extensión de este virus. Los niveles de presencia del patógeno suelen crecer durante cuatro o seis días en las deposiciones, lo que permitiría anticiparse a eventuales brotes. La Comisión Europea ya denunció a España al Tribunal de Justicia de la UE (Tjue) en diciembre de 2023 por incumplir la normativa comunitaria en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas.

Las autoridades europeas reprocharon al gobierno español que no garantizara que 29 aglomeraciones urbanas se beneficiaran del sistema de recogida de aguas urbanas y que hubiera 255 áreas de este tipo que aún tienen construir o mejorar la infraestructura. En 2018 el Tjue ya impuso una multa de once millones de euros a España por esta cuestión.