La sanidad privada pide ayuda al Gobierno contra la ley valenciana de conciertos

La Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe), que representa a las principales clínicas y hospitales privados de España, ha solicitado al Gobierno que tome medidas contra la ley de la Generalitat Valenciana que regula los conciertos para prestar servicios sanitarios.

La patronal considera que la ley 7/2017, de 30 de marzo, sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario conlleva la “exclusión de las entidades privadas de salud con ánimo de lucro de la actividad concertada”.

Aspe acudió en junio al Defensor del Pueblo para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad sobre dicha norma, pero en la respuesta recibida de la institución precisan que es el Gobierno central quien debe valorar si la norma autonómica invade competencias estatales.

Aspe acudió en junio al Defensor del Pueblo para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley 7/2017, de 30 de marzo

“En supuestos como el presente, en que la eventual tacha de inconstitucionalidad se circunscribe a la invasión de competencias del Estado por parte de una comunidad autónoma, la institución del Defensor del Pueblo tiene como criterio no intervenir haciendo uso de su legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad”, explica la patronal de la sanidad privada española.

Cristina Contel, presidenta de Aspe, añade que “es el Gobierno el que debería pronunciarse al respecto”, recordando además que el Ejecutivo aún no ha incorporado al ordenamiento jurídico español la Directiva europea 2014/24/UE sobre contratación pública.