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Diario económico del negocio de la salud

02 Mar 202115:19

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Crónica de una pandemia: como la salud reaccionó en el año clave

31 Dic 2020 — 05:00
Por D. Punzano
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El estallido de la pandemia en España ha tensado las costuras de un sistema sanitario público al borde del colapso. La sanidad privada ha actuado como un actor colaborador y la urgencia por encontrar el antídoto ha forzado a distintas farmacéuticas a acelerar sus investigaciones.

Crónica de una pandemia: como la salud reaccionó en el año clave

 

Como cada año, PlantaDoce.com realiza en las últimas semanas de diciembre un repaso a los últimos doce meses en el negocio de la salud, marcados por el impacto de la pandemia del Covid-19. Análisis macroeconómico de España y el mundo, recorrido por los fenómenos sociales que ha provocado el coronavirus y un recorrido por el impacto en las principales empresas del sector forman el Especial 2020: el negocio de la salud en el año del Covid-19.

 

 

 

 

 

En el año del Covid-19, España sólo ha vivido dos meses y medio de normalidad. El estallido de la pandemia, en España a mediados de marzo, tuvo impacto en todo el mundo y mostró las consecuencias de una crisis sanitaria como nunca antes había ocurrido. El coronavirus ha llevado al borde del colapso a la sanidad española en los momentos más complejos de la pandemia y ha puesto en evidencia las debilidades del sistema.  La nueva normalidad consiste en convivir con un virus invisible y sin freno, que sólo encuentra obstáculos en algunas de las restricciones de los gobiernos y que llegará a su fin con las numerosas vacunas aprobadas y en desarrollo contra el Covid-19.

 

Normalidad y estallido del Covid-19

El origen del coronavirus se remonta a diciembre de 2019 en Wuhan (China), cuando se notificaron casos de un conjunto de personas enfermas diagnosticadas con un tipo de neumonía desconocida. El virus avanzó por todo el mundo y llegó a España el 31 de enero en La Gomera. El paciente, de nacionalidad alemana, fue ingresado y aislado en el Hospital Virgen de Guadalupe.

 

El 10 de febrero, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, notificó el segundo caso por coronavirus en España. Tres días después, se produjo el primer fallecimiento por Covid-19 en el país, aunque se detectó oficialmente un mes después. España empezó marzo con más de 150 casos de coronavirus distribuidos entre la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, la Comunidad Valenciana y Andalucía y, poco después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la enfermedad como pandemia. El 14 de marzo, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, dictó la entrada en vigor del estado de alarma.

 

 

 

 

 

El Ejecutivo aprobó medidas para evitar la propagación del virus y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, asumió todas las competencias del Estado a excepción de Interior, Defensa y Transportes. El Gobierno intervino los hospitales privados, con el objetivo de descongestionar los equipamientos públicos, instó a que las empresas que tuvieran stock de productos sanitarios lo notificaran y se decretó el cierre de fronteras durante treinta días. En acompañamiento de las medidas restrictivas, Sánchez anunció la movilización de 200.000 millones de euros en ayudas a la economía, cerca del 20% del Producto Interior Bruto (PIB). Por su parte, la Comunidad de Madrid empezó a montar el Hospital de campaña de Ifema con la finalidad de descongestionar los hospitales. El 22 de marzo, el Gobierno aprobó la primera prórroga del estado de alarma.

 

España alcanzó el pico de la pandemia el 26 de marzo, cuando se registraron más de 9.000 casos positivos. A partir del 31 se decretó el confinamiento total, periodo en el que la industria farmacéutica empezó a desarrollar la vacuna del Covid-19 con la previsión de tenerla, como pronto, a finales de año. Como consecuencia de la suspensión de todas las actividades a excepción de las esenciales, algunas empresas del sector sanitario privado presentaron los primeros expedientes de regulación temporal de empleo (Erte). Dentix aplicó un Erte para casi la totalidad de sus empleados en España, mientras que Clínica Baviera tomó la misma decisión para el 87% de su plantilla.

 

Primera oleada y desescalada

España se convirtió rápidamente en el tercer país en número de casos en abril, con más de 110.000 contagios, y el segundo en número de muertos, tras superar los 10.000 fallecidos. El desempleo también se disparó y se elevó en más de 800.000 personas sólo dos semanas después del estado de alarma, la peor cifra mensual de paro de la historia del país.

 

Para hacer frente a la pandemia, Sanidad repartió 7,4 millones de mascarillas desde hasta abril, aunque también reconoció que había adquirido test de coronavirus defectuosos a una empresa china sin licencia. El Gobierno compró seis millones de PCR, con las que estimaba realizar 20.000 pruebas diarias.

 

El Covid-19 golpeaba con fuerza a las residencias, que registraban las peores cifras. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cifró el 2 de abril en 3.000 las personas que habían fallecido en estos centros del territorio hasta entonces.

 

 

El 18 de abril, el Gobierno anunció una prórroga del confinamiento de tres semanas, la tercera hasta entonces, pero con medidas menos restrictivas a partir del 26. A finales de ese mes, la cifra de fallecidos se redujo y Sánchez hizo público el plan de salida del confinamiento, formado por cuatro fases.

 

La ola de Ertes, que aún había hecho más mella fuera de los sectores sanitarios que en este sector, fue afectando a más compañías de salud. El grupo oftalmológico Miranza presentó en abril un Erte sobre el 72% de su plantilla, decisión que afectó a aproximadamente 350 trabajadores de la empresa.

 

En mayo se cerró el hospital de campaña de Ifema, que atendió cerca de 4.000 enfermos con coronavirus. La cifra de fallecidos fue a la baja, aunque también el Producto Interior Bruto de España (PIB) de España, que según el Gobierno se iba a desplomar un 9,2% por la crisis sanitaria. Todo el país, a excepción de Madrid, Barcelona y Castilla y León, accedió a la fase 1 el 25 de mayo.

 

 

 

 

 

España, que empezó el primer día de junio sin ningún fallecimiento, anunció que el 22 de ese mes se abrirían las fronteras con Francia y Portugal. El Gobierno también levantó el estado de alarma, por lo que las comunidades autónomas recuperaron el control para gestionar la fase de desescalada y las restricciones de movilidad.

 

En el ámbito farmacéutico, numerosas compañías se pusieron en marcha para ser las primeras en descubrir la vacuna del coronavirus. En ese momento, Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer y BioNTech y Sanofi junto a GlaxoSmithKline (GSK) eran algunas de las empresas que estaban investigando. Por su parte, la española Grifols se centró en el desarrollo de un tratamiento, que tuvo listo en julio.

 

Avances y previsiones de la vacuna

Otras farmacéuticas también centraron sus esfuerzos en desarrollar tratamientos contra la enfermedad. Gilead empezó a comercializar el Remdesivir, el primer fármaco que se mostró efectivo para tratar el coronavirus. La compañía anunció que el precio de venta del medicamento era de 350 euros el vial para los gobiernos de países desarrollados, por lo que el precio de tratamiento más común superaría los 2.000 euros por enfermo.

 

Las administraciones públicas dotaron de recursos financieros las investigaciones de la vacuna del coronavirus para acelerar los procedimientos. Las colaboraciones entre farmacéuticas fueron también en aumento en verano. GSK y Medicago anunciaron una colaboración para desarrollar y evaluar una vacuna candidata para el Covid-19 que combinaba las partículas recombinantes similares al virus de Medicago con el adyuvante de GSK. Por su parte, Rovi y Moderna pactaron una colaboración para la fabricación a gran escala del llenado y acabado de la vacuna en sus instalaciones de Madrid para todos los mercados a excepción de Estados Unidos. De hecho, las primeras previsiones sobre la vacuna de Moderna señalaban que esta podría estar lista en 2021.

 

A finales de julio, Pfizer y BioNTech anunciaron el inicio de un estudio global para la vacuna candidata contra el coronavirus. Además, el consorcio señaló que la vacuna podría someterse a aprobación regulatoria en octubre, con el objetivo de suministrar hasta cien millones de dosis para finales de 2020 y 1.300 millones de viales para 2021.

 

 

 

 

 

En el ámbito público, Sanidad lanzó y bloqueó días después el megacontrato de más de 2.400 millones de euros para material contra el Covid-19. La licitación más cuantiosa de la pandemia se canceló porque se había excluido a la industria nacional sanitaria. Durante estos meses, los gobiernos regionales fueron haciendo obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos. La primera comunidad en aprobar la medida fue Cataluña y, tras ella, todas las regiones hasta Canarias. En agosto, Sanidad autorizó el primer ensayo clínico en España de una vacuna contra el Covid-19 y el ministro Salvador Illa aseguró que las primeras dosis del producto estarían disponibles a principios de diciembre.

 

Por su parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) denunció en mayo que, hasta entonces, sólo Cataluña había acordado vía decreto compensar el sector por los pacientes ingresados por Covid-19. La entidad señaló que había más de 2.000 centros en peligro.

 

A pesar de los avances con la vacuna, AstraZeneca tuvo que paralizar el ensayo clínico de su vacuna contra el coronavirus debido a “una enfermedad potencialmente inexplicable” de uno de los participantes del ensayo. Por el contrario, Pfizer y BioNTec cerraron el primer acuerdo de suministro de la vacuna, de 200 millones de dosis, con la Unión Europea. También GSK y Sanofi hicieron lo mismo con el reparto de 300 millones de vacunas a Europa.

 

Segunda ola y aprobación de la vacuna

En verano el número de contagios por Covid-19 en España fue en aumento. La vuelta de vacaciones, el regreso a los colegios y al trabajo incrementó los positivos en septiembre y se dispararon en octubre. Para frenar la expansión del virus, el Gobierno aprobó un plan de restricciones para tomar medidas en caso de que la incidencia acumulada aumentara. El avance del coronavirus provocó que el Gobierno decretara de nuevo el estado de alarma el 25 de octubre con la finalidad de establecer el toque de queda de 23.00 horas a 6.00 horas como mínimo en todo el país.

 

Las medidas impuestas por el Ejecutivo central podían ser adaptadas por las comunidades autónomas. Cataluña fue una de las regiones más restrictivas y limitó al 30% el aforo en el comercio y el cierre de bares y restaurantes. Aragón también decretó la vuelta a la fase 3, mientra que Navarra ordenó el cierre de toda la hostelería. En las siguientes semanas, Castilla y León tomó la medida de cerrar el comercio y Cataluña prorrogó el cierre de los centros comerciales, que volvieron a abrir el 14 de diciembre.

 

En el último trimestre del año, la carrera para desarrollar la vacuna contra el Covid-19 se aceleró y finalmente se aprobó una en diciembre. Mientras que Johnson&Johnson tuvo que detener los ensayos de su vacuna contra el coronavirus, AstraZeneca ya lo pudo retomar. No obstante, los líderes en esta competición fueron Pfizer y BioNTech y Moderna.

 

 

 

 

 

Pfizer y BioNTech anunciaron que los resultados finales de las pruebas del ensayo clínico en fase III de su vacuna experimental contra el Covid-19 situaron su eficacia en un 95%. Este avance hizo que las farmacéuticas estadounidense y alemana pidieran a la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) la autorización de emergencia para su producto. Mientras esta llegaba, el consorcio también solicitó la misma aprobación a la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), así como Australia, Canadá, Japón y Reino Unido.

 

Contra todo pronóstico, Reino Unido fue el primer país en aprobar la vacuna de Pfizer y BioNTech y el primero en vacunar. La FDA también lo aprobó a mediados de diciembre, mientras que estaba previsto que la EMA tomase la misma decisión antes de finalizar el año. Por su parte, la vacuna de Moderna registró una eficacia del 94%, mientras que la de AstraZeneca demostró una eficacia del 70%.

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