SOS privada: más de 2.000 centros en peligro y compensaciones en ‘stand by’

Tres meses después del fin del estado de alarma y con la sombra de una nueva oleada cerniéndose en la vuelta al cole, la sanidad privada española continúa aguardando a qué se produzca un diálogo con la Administración general y las administraciones regionales para compensar los servicios prestados.

Pero esas conversaciones siguen en stand by en la mayoría del país, lo que lleva a una “situación de peligro” a más de 2.000 centros del sector de la salud, según la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe). La delicada situación ha llevado, incluso, a que el exconsejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, se postulase hace escasos días como adaliz de la privada para demandar indemnizaciones al Estado.

Hasta el momento, Cataluña es la única comunidad en la que se ha establecido por decreto que la sanidad privada debe percibir una compensación económica por cada paciente ingresado por Covid-19 en una unidad de cuidados intensivos (UCI). El Govern cifró el pasado abril el montante en 43.000 euros por paciente y la cantidad la están recibiendo los centros privados pasados los cincuenta días de la facturación.

La Generalitat catalana cifró el pasado abril en 43.000 euros la cantidad que la privada tenía que recibir por paciente con Covid-19  

Alfonso de la Lama-Noriega, secretario general de Aspe, asegura a PlantaDoce que, durante los últimos meses, coincidiendo con el fin del estado de alarma, hay centros que “han podido recuperar la actividad ordinaria, pero la situación todavía está por mejorar”. El representante de la patronal reconoce que existen negociaciones abiertas entre el sector privado y algunas comunidades como es el caso de La Rioja, Madrid o Baleares, aunque lamenta que en otras regiones como Galicia o Castilla y León “no ha habido principio de diálogo con las administraciones”.

El debate por ver quién asume las negociaciones es latente. Para el secretario general de Aspe, hay comunidades autónomas que abogan porque sea el Ejecutivo el que asuma los costes extra durante todo el periodo de estado de alarma, mientras que hay otras que están a favor de establecer un marco de diálogo. En todo caso, para Lamela es necesario “articular fórmulas de compensación para la sanidad privada”, mecanismos que sirvan de base para poner en marcha un protocolo que “sustente al sector”, añade el portavoz de Aspe.

Las compensaciones podrán variar en función de la comunidad autónoma. De la Lama-Noriega recuerda que el sector privado ha mostrado una relación más estrecha con la sanidad púbica en territorios donde la presencia del virus es más elevada acorde al número de casos confirmados, como son Madrid o Cataluña. “Después, ha habido comunidades en las que la intervención de la sanidad privada se ha ocupado de la parte no Covid-19; en otros territorios la pandemia no era tan fuerte y con la parte pública se ha podido solventar”, añade.

Fondo no reembolsable y plan de choque de Aspe

El pasado junio, el Gobierno aprobó un fondo no reembolsable para las comunidades autónomas por 16.000 millones de euros, de los que 10.000 millones se destinan a cubrir gasto sanitario, 5.000 millones a paliar el impacto económico y mil millones de euros más a cubrir la factura social de la emergencia.

“Parte de nuestro compromiso como entidad es el reclamo de este fondo para reclamar compensaciones a la sanidad privada, pero de momento no hemos obtenido respuesta”, denuncia De la Lama-Noriega. Para el secretario general de Aspe, se trata de una cantidad presupuestaria que “lamentablemente todavía no está en el territorio”.

Otra de las reclamaciones que se arrastran desde hace más tiempo es la que tiene que ver con la elaboración del plan de choque que Aspe propuso en el pico de la crisis, que contemplaba 2.250 millones de euros para la sanidad privada por cada mes que durase el estado de alarma y con el objetivo de dotar de liquidez al sector.

“No se ha avanzado en este sentido; sí nos hemos beneficiado de medidas generales como pueden ser los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o reducciones del IVA, aun habiendo llegado tarde”, recalca el portavoz de Aspe.