El Gobierno aprueba la Ley de Equidad para impedir nuevos copagos sanitarios
La nueva norma permite otras fórmulas de privatización, siempre que sean excepcionales. Para acogerse a estas medidas, debe presentarse una memoria que garantice la necesidad de acudir a estas por motivas sanitarios y económicos.
8 nov 2021 - 17:40
Visto bueno al anteproyecto de Ley de Equidad, Universidad y Cohesión. El Gobierno ha aprobado este texto que tiene por objetivo impedir el establecimiento de nuevos copagos sanitarios y que la gestión directa pública sea la “fórmula preferente” dentro del Sistema Sanitario de Salud (SNS).
Así lo ha anunciado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros Carolina Darias, ministra de Sanidad, quien ha calificado esta norma de “muy importante”, ya que “mejora y amplía los derechos de los ciudadanos”. Con este anteproyecto, además de priorizar la gestión directa pública en el SNS, se restringe la posibilidad de establecer nuevos copagos.
Aun así, mediante la modificación de la Ley General de Sanidad, la nueva norma permite otras fórmulas de privatización, siempre que sean de carácter excepcional. En este sentido, se debe presentar una memoria que garantice “la necesidad de acudir a ellas por motivos sanitarios y económicos”, según el Gobierno.
El Gobierno ha aprobado la distribución de 220 millones de euros a las comunidades autónomas
El Gobierno ya había eliminado el copago farmacéutico para preceptores del ingreso mínimo vital, pensionistas con rentas bajas, menores con discapacidad y personas con renta por hijo a cargo. Ahora, la nueva norma amplía también las exenciones del copago ortoprotésico para todos estos colectivos.
Además, se recoge que las personas nacidas en España, aunque sean residentes en el exterior, puedan tener cobertura sanitaria pública cuando vuelvan al país de manera temporal. Por otro lado, se prevé la aplicación homogénea en todo el territorio nacional de la recuperación de la universalidad aprobada en 2018.
El Consejo de Ministros también ha aprobado la distribución de 220 millones de euros a las comunidades autónomas para profundizar en la digitalización, a través de la mejora en la eficiencia en el gasto farmacéutico, la renovación de equipos, las historias clínicas interoperables y la digitalización de unidades de cuidados intensivos (UCI).