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Diario económico del negocio de la salud

19 Jul 201912:44

h Público

Un juez embarga 775.000 euros al Hospital Sant Joan de Reus por impagos en su plantilla

10 Abr 2019 — 13:20
Por PlantaDoce
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La cantidad corresponde a la mitad de las retribuciones variables que no se abonaron a los trabajadores en 2015 como consecuencia del déficit que arrastraba el centro.

Un juez embarga 775.000 euros al Hospital Sant Joan de Reus por impagos en su plantilla

 

El Hospital Sant Joan de Reus, otra vez bajo lupa. El juzgado de lo social número uno de Reus ha decidido embargar 775.000 euros al centro por impagos de su plantilla que se produjeron en 2015. Esta cantidad corresponde a la mitad de las retribuciones variables que no se abonaron a los trabajadores durante aquel ejercicio, momento en el que el hospital registró un déficit de 3,1 millones de euros.


Además de esta cantidad, los gastos judiciales y los intereses de demora de la investigación ascienden a 260.000 euros. En caso de que el juez dicte sentencia en contra del hospital, su dirección se verá abocada a una sanción que superará el millón de euros.

 

La interlocutoria se desprende de una demanda que presentó entonces el comité de empresa del Sant Joan, el cual se negó a abonar parte de su retribución aduciendo a su situación deficitaria. La dirección del centro ha presentado un recurso a la decisión judicial, según fuentes del hospital consultadas por Diari Més.

 

 

El fallo del juez se produce unos meses después de que la Generalitat de Catalunya decidiera asumir la dirección del hospital mediante una sociedad pública administrada por el Servicio Catalán de Salut (CatSalut). Durante los últimos años, el propietario de las instalaciones era el Ayuntamiento de Reus, quien deberá hacer frente a las sanciones en caso de que se materialicen.

 

Adrià Comella, director del CatSalut, señaló que la decisión se tomó porque “las necesidades de inversión en el ámbito sanitario son cada vez más complejas”, un hecho que dificulta a los ayuntamientos “que se pueda mantener un servicio por su óptica tanto económica como legal”. Está previsto que la gestión pase a manos del Gobierno autonómica el próximo 31 de diciembre.

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