La sanidad privada, a la espera de acuerdos en seis regiones por sus recursos en la pandemia

Un año después del estado de alarma decretado por el Gobierno, la sanidad privada sigue todavía mostrando su disposición a colaborar con la sanidad pública. Aún se sigue a expensas de acuerdos hasta en seis territorios regionales “por las justas e imprescindibles compensaciones por la puesta a disposición y el uso específico de recursos sanitarios tomados por el sistema de Salud Pública en toda España”, explican desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe).

Desde la patronal de la sanidad privada recuerdan que durante el marco del estado de alarma, la sanidad privada se mantuvo volcada con sus recursos humanos y técnicos en plena colaboración con las administraciones sanitarias y bajo las instrucciones del mando único establecido en cada comunidad autónoma. Ante esta situación generalizada, apostilla Aspe, cinco regiones han alcanzado acuerdos de compensación con la sanidad privada y, sin embargo, en otras seis regiones “se ignora el sacrificio demostrado”, denuncia.

Para Carlos Rus, presidente de Aspe, “el sector en general se ha encontrado con un riesgo evidente de quiebra asistencial y financiera, no sólo para pequeñas clínicas que en miles de casos no han podido sostener su servicio, sino también para grandes hospitales, sin medidas de ayuda adoptadas para todo el territorio por el Gobierno central y con administraciones regionales que siguen dando la espalda”.

Rus señala que “no es admisible que en el estado de las autonomías se vivan situaciones tan dispares para la misma causa, entre quienes reconocen el derecho de la sanidad privada a ser compensada por su uso y disposición en la atención del Covid-19 y quienes se niegan a poner en valor su esfuerzo sin límites”.

“No es admisible que en el estado de las autonomías se vivan situaciones tan dispares para la misma causa”, explica Carlos Rus

El Gobierno ordenó a la sanidad privada, en marzo de 2020, la desprogramación de toda actividad sanitaria no urgente-preferente, reduciéndose su actividad por encima del 80%, y la puesta a disposición de los recursos del sector en toda España a las consejerías de Sanidad.

Esta situación derivó en la inviabilidad e insostenibilidad económica de hasta 3.000 centros sanitarios de pequeño tamaño, muy especialmente clínicas sin internamiento, explican desde Aspe. En junio, el sector reclamó al Gobierno ser considerado en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros, además de otras medidas de ayuda de liquidez y fiscales.

El entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, terminó derivando a la sanidad privada a la negociación con cada comunidad autónoma. Aspe y sus asociaciones territoriales iniciaron entonces un periodo de conversaciones con las consejerías de cada región. Un año después, sólo Madrid, Canarias, Navarra, Cataluña y Baleares han considerado que se produjo “una expropiación forzosa”, según Aspe, y han establecido compensaciones por las derivaciones de afectados por el Covid-19 o por la puesta a disposición de los recursos sanitarios.