Más legislación y salud mental, la sanidad en el foco de la presidencia de España en la UE

España se prepara para tomar las riendas de la presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE). Lo hará a partir del próximo sábado, 1 de julio, recogiendo el testigo a manos de Suecia, lo que permitirá al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez tener un papel destacado en las prioridades políticas y en la agenda de los Veintisiete.

Ante sí, España tiene numerosos retos que tendrá que abordar en los próximos seis meses. Las prioridades del Gobierno responden a una mayor reindustrialización, así como una apuesta por la transición ecológica y por la justicia social, según ha detallado Moncloa. Pero en la lista de to dos también hay espacio para la sanidad, con unos puntos muy claros y una hoja de ruta definida: mejorar y revisar la legislación sanitaria, sobre todo en aspectos como el farmacéutico y en lo relacionado con el espacio europeo de datos, así como reforzar e impulsar la salud mental de los ciudadanos del Viejo Continente.

Hace justo dos semanas, José Miñones, ministro de Sanidad español, participó en Luxemburgo en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (Epsco, por sus siglas en inglés) de la UE en la que reiteró el compromiso de llevar a cabo, durante el mandato del Consejo de la Unión Europea, una agenda que aborde el avance en la tramitación de expedientes legislativos y recomendaciones clave.

“El objetivo de España para con los europeos es generar un sistema de ciencia e investigación y desarrollo (I+D) sólido que permita construir un entorno farmacéutico estable y sostenible”, según las propias palabras del Ejecutivo. A raíz del estallido de la pandemia del Covid-19, España busca aumentar la autonomía estratégica de la UE en materia de medicamentos, como es el caso de las compras conjuntas ante alertas sanitarias, antibióticos con suministro limitado o enfermedades raras.

España trabajará y dotará a la UE de una autonomía estratégica en materia de medicamentos, como es el caso de las compras conjuntas

Por ahora, entre los Estado miembro no han aparecido brechas significativas a la hora de ponerse de acuerdo en mejorar el acceso a los medicamentos. Uno de los aspectos a considerar es el periodo de protección de la patente de los fármacos en la UE, que de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo comunitario podrá pasar de diez a ocho años, reduciendo el tiempo de exclusividad de los medicamentos innovadores y, por tanto, el plazo para recuperar la inversión en investigación realizada.

El objetivo es crear un modelo de incentivos más efectivo para la innovación, promoviendo así los intereses de la salud pública. La medida busca ofrecer un mayor apoyo a la entrada de medicamentos genéricos para redundar en un descenso en los precios. De hecho, Miñones ya recordó a principios de junio que es necesario un mayor desarrollo en el área de biosimilares y medicamentos genéricos “que necesitan mejoras en torno a los sistemas de precios de referencia para evitar la pérdida de interés comercial”.

Otro de los puntos a abordar es la revisión de las tasas de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la legislación europea, las farma deben contribuir a los costes de la regulación de los medicamentos. Por ello, las empresas que solicitan una autorización de comercialización de un medicamento pagan una tasa administrativa por adelantado antes de que la EMA realice la evaluación.

El pasado mes de diciembre, la Comisión Europea propuso actualizar la legislación sobre esas tasas de la evaluación de medicamentos, con el objetivo de revisar el mecanismo completo y simplificar tarifas.

No fue hasta el pasado 13 de junio cuando el Ejecutivo comunitario a través de Jakob Forssmed, ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública de Suecia, reconoció la aprobación de “un primer enfoque” que permitirá “un sistema de tasas moderno, sencillo y suficientemente flexible para adaptarse a la evolución futura”, según reza un comunicado del Consejo de la UE.

Europa ha dado el primer paso para crear un sistema de tasas “más moderno y sencillo”

Los datos son otra de las preocupaciones en materia sanitaria. La confección del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (Ehds, por sus siglas en inglés) promete cambiar el paradigma sanitario y permite una mayor interoperabilidad entre sistemas.

La falta de datos sanitarios electrónicos centralizados y accesibles constituye un problema para el uso de los datos sanitarios con fines secundarios, como la investigación, la elaboración de políticas y el desarrollo de medicamentos. De España dependerá, por lo menos durante el próximo medio año, la confección de lo que los expertos han catalogado como la construcción de la Unión Europea de la Salud.

Será importante ver la relación entre el paciente y los investigadores o personal médico-científico en el consentimiento del uso de los datos con el fin de mejorar el acceso a medicamentos, trabajar en la medicina de precisión y en poner al usuario en el centro de su salud.

Otro de los puntos estratégicos es la apuesta por la salud mental. Tanto Miñones como Stella Kyriakides, comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, coinciden en que la sociedad está viviendo un cambio de paradigma en relación con lo que denominan la “epidemia silenciada” que se ha visto incrementada con la crisis del Covid-19.

El propio Ejecutivo comunitario propone un nuevo enfoque integral en el campo de la salud mental, con un paquete de iniciativas y fondos por 1.230 millones de euros. Bruselas quiere que los Veintisiete pongan al mismo nivel las políticas de salud física y la mental. Bajo la presidencia de España, Europa trabajará en un mejor acceso y prevención, en tratamientos y atención sanitaria asequibles y en la reinserción en la sociedad.

Tal es la importancia que está teniendo la atención a la salud mental, que el Gobierno de España ha actualizado su estrategia en 2023 por primera vez en doce años. El Plan de acción de Salud Mental para España, de hecho, está dotado con cien millones de euros hasta 2024.