Inseguridad jurídica y poca inversión: radiografía del sector del cannabis medicinal en España

Respuesta fría del sector del cannabis ante la posible regulación de esta planta para usos medicinales. Esta incipiente industria, formada en España por sólo 22 empresas, institutos y asociaciones, ha recibido con cautela la nueva regulación que ha anunciado el Ministerio de Sanidad. Impera todavía una inseguridad jurídica que, salvo excepciones, no ha hecho que se disparen las inversiones y, por ello, buena parte de este sector depende todavía de las ayudas y el apoyo públicos. La veintena de entidades mencionadas son todas las que han recibido autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para el cultivo de cannabis.

Hay inversión notable localizada en algunas propuestas, pero también inseguridad jurídica por los estrictos controles impuestos a las compañías que pretenden encontrar su sitio en la cadena de valor del cannabis medicinal. Estas empresas emplean entre dos y 120 personas, un promedio de quince trabajadores por entidad, según datos recabados por PlantaDoce, y no son pocas las que viven casi exclusivamente de ayudas públicas. Aunque a su alrededor orbitan operadores que comercializan derivados del cannabis sin principio activo que darían el salto ante una regulación de usos medicinales de esta planta.

Las relaciones laborales y el número de empleados del mercado del cannabis medicinal reflejan el estado embrionario de esta economía aún por desarrollar. Pablo Pérez Moreno, consejero delegado de la valenciana Intersemillas, explica que, en la actualidad, cuentan con seis personas trabajando en el área de investigación, pero que ninguna de ellas lo hace a tiempo completo. Esto se debe, afirma Pérez, a que las tareas investigadoras no les generan ganancias.

Algo mejor les va a la andaluza Phytoplant Research, la primera en recibir una licencia de la Aemps para trabajar con el cannabis con fines de investigación en 2012. Esta compañía cuenta con 23 trabajadores fijos a tiempo completo y nueve fijos discontinuos. Una cifra a la que hay que agregar colaboradores de universidades como la de Córdoba, Barcelona, la Complutense de Madrid y otros centros de investigación, sostiene ante PlantaDoce su director general, Carlos Ferreiro.

Juan Abelló es uno de los inversores más conocidos en el sector del cannabis medicinal

La compañía que hoy cuenta con más recursos en el mercado del cannabis medicinal, Linneo Health, es el producto de una alianza entre el inversor Juan Abelló Gallo y el fondo británico GHO. Tras Linneo Health está Alcaliber, una empresa especializada en la producción de morfina creada en los setenta por Juan Abelló Pascual, padre de Abelló Gallo. La sociedad que administra esta farmacéutica obtuvo de la Aemps en 2016 una licencia para producir y comercializar cannabis. Linneo emplea hoy a más de 120 personas y tiene acceso a más de ocho millones de pacientes por todo el mundo.

El segundo operador en tamaño es Medical Plants, tras el cual está Cualin Quality, una compañía dedicada a la producción de tomates en cartera del fondo de capital riesgo Realza. Y también surge de una apuesta de empresarios del ámbito agroalimentario MM Medical Flowers, impulsado por Tilla, empresa dedicada a la recolección y venta de arándanos.

Les sigue de cerca Sovereign Fields, propiedad del grupo portugués Portocanna y con doce personas empleadas, al frente del cual se encuentra Iker Val, fundador y ex consejero delegado de Bhalutek, otro operador del sector que da trabajo a cuatro personas. Sovereign desarrolla tecnologías basadas en distintos tipos de cannabinoides, terpenos y flavonoides para el grupo matriz.

Val explica que el retraso legislativo español ha permitido a Portugal tomar la delantera y establecer las bases para devenir el brazo productivo del cannabis medicinal en la península. “En ese país tienes 35 empresas como Linneo y Medical Plants y un total de 200 millones invertidos”, señala el directivo, que también sostiene que lo que ve como problemas regulatorios impiden la actividad empresarial, apuntando al hecho de que casi no se hayan introducido cambios en la ley de estupefacientes de 1967. “Hay que estar preparado y tener un colchón económico sólido para aguantar hasta que llegue una regulación efectiva”, lamenta. Según él mismo, ni un 20% de las empresas existentes en este mercado serían viables sin algún tipo de apoyo público, sobre todo las que operan en el área de la investigación.

La crítica al exceso de restricción es una constante entre los ejecutivos del sector. Joaquín Morales, consejero delegado de Oils4Cure, que emplea a cuatro personas, indica a esta cabecera en este mismo sentido que el control de los productos derivados del cannabis complica la movilidad, pues hay que estar siempre pendiente de autorizaciones.

Para Iker Val, además, está por ver cómo se resolverán cuestiones como quién recetará los productos cannabicos, con cuanto tiempo de antelación habrá que demostrar que los tratamientos prioritarios no funcionan para pedir la alternativa de base cannábica o cuántos doctores sabrán sobreponerse al estigma asociado a esta planta.

En cualquier caso, empresas como Votum World, dedicadas a la comercialización del cannabidiol (CBD), creen que hay margen para el desarrollo de un mercado de la salud que involucre sustancias basadas en el cannabis. El CBD es un compuesto de base cannábica que no contiene ningún principio psicoactivo, por lo que su comercialización es legal.

Alejandro Martí, uno de los dos consejeros delegados de Votum, recuerda que la legislación española es menos restrictiva con productos cannábicos que se aplican externamente, como aceites medicinales y cosméticos. Martí asegura a PlantaDoce que ya están investigando las propiedades antiinflamatorias de algunos derivados del cannabis y que no descartan la comercialización de productos que contengan principios psicoactivos en caso de que finalmente se regularice su uso.

A mediados de febrero, el Ministerio de Sanidad dio inicio a los trámites con los que aprobar un Real Decreto que dé garantías legales a este mercado naciente. El punto de partida de Sanidad son las conclusiones de la Subcomisión del Congreso de los Diputados de análisis de experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal. Actualmente, desde el Ministerio están recogiendo aportaciones de la sociedad civil, incluyendo los operadores del sector. Pero, en palabras de Iker Val, el proceso de normalización del consumo de esta planta puede conllevar varios años, tal y como demuestra el caso alemán.