Choque entre las comunidades y el Ministerio por la mascarilla obligatoria

El plan del Ministerio para abordar los picos de virus respiratorios en España choca con las políticas de las comunidades autónomas. Ante las medidas propuestas esta mañana en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de implantar la baja autojustificada de tres días y la obligatoriedad de llevar mascarilla en los centros de salud, hospitales, residencias y farmacias, los principales responsables de salud de las diferentes regiones han rechazado la reunión y han subrayado presuntas incongruencias en el discurso de la ministra.

Uno de las mayores oposiciones la ha mostrado el País Vasco. Gotzone Sagardui, consejera de salud del territorio, ha defendido que en la comunidad se han difundido y aplicado recomendaciones sanitarias todos los años con el inicio de cada campaña de vacunación contra la gripe. Desde el País Vasco han considerado que “la reunión el Ministerio no ha aportado datos sobre incidencia ni evidencias científicas sobre la eficacia de las medidas propuestas”.

Tras el plazo de dos días que ha concedido el Gobierno para que las comunidades valoren la política planteada, Sagardui ha defendido que cualquier propuesta debería respetar “las competencias de Euskadi en materia de salud, además de venir avalada por la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud Pública, órganos técnicos de participación de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad”, según se ha recogido en un comunicado de prensa.

Bancalero ha criticado que el Ministerio de Sanidad convocase el Consejo Interterritorial “sin antes conocer la opinión de los técnicos de Salud Pública”

En el caso de Aragón, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha anunciado que extendía la obligatoriedad de llevar mascarilla a las personas que se encontraran en las salas de espera de los centros sanitarios aguardando a ser atendidos, tras anunciar el viernes pasado que la mascarilla sería obligatoria para los profesionales que prestasen un servicio de atención directa a los ciudadanos. Desde la región han respaldado esta medida tras pasar de 167 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana de 2023 a 303 casos por cada 100.000 habitantes en la primera de 2024.

Sin embargo, el propio Bancalero ha criticado que el Ministerio de Sanidad convocase el Consejo Interterritorial “sin antes conocer la opinión de los técnicos de Salud Pública”, según ha recogido el consejero en una rueda de prensa posterior a la reunión. En Aragón se ha vacunado un 56% de la población contra la gripe; casi un 80% si se toma en cuenta el segmento de población de más de ochenta años.

En Andalucía se han recogido exigencias parecidas. Catalina García, consejera de Salud y Consumo de la comunidad, también ha trasladado su desacuerdo frente a la convocatoria de Mónica García. Ante la tendencia ascendente de la tasa de incidencia, que se ha elevado a más de 505 casos por cada 100.000 habitantes en la región, la “falta de rigor técnico” ha sido el motivo por el que Andalucía ha votado en contra del documento presentado por el Ministerio.

Además, Catalina García ha aprovechado la coyuntura para pedir a la ministra un pleno extraordinario que trate el déficit de profesionales médicos en el Sistema Nacional de Salud, poniendo especial hincapié en la atención primaria. En esta dirección, desde Andalucía han vuelto a reclamar un Pacto Nacional por la Salud que, más allá de tratar la falta de profesionales médicos, también tenga en cuenta “las desigualdades que existen en la financiación entre comunidades autónomas”.

Algunas comunidades, como Galicia, han querido recordar que ya habían adelantado la campaña de vacunación contra la gripe

Para Julio García Comesaña, consejero de sanidad en Galicia, ha sido “sorprendente que la ministra propusiera medidas como el uso obligatorio de la mascarilla sin reunirse previamente ni con el Informe de Alerta ni con la Comisión Nacional de Salud Pública”.

Comesaña ha querido recordar que la comunidad ya adelantó la campaña de vacunación y reforzó tanto plantillas como espacios.

Por último, la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha considerado que, “con los datos disponibles hasta la fecha, Extremadura opta por recomendar y no imponer”. De hecho, en este caso particular, la incidencia ha ido a la baja: de los 678 casos por cada 100.000 habitantes, a los 722 casos por cada 100.000 habitantes de la semana anterior. En concreto, Espada ha criticado que el Ministerio haya enviado un documento de posible acuerdo “sólo quince minutos después de comenzar la reunión”.